Las oposiciones para convertirse en gestores procesales y administrativos de la Administración de Justicia, que tuvieron lugar el pasado fin de semana, se han visto envueltas en un escándalo debido a denuncias de al menos tres graves irregularidades por parte de los opositores. Estos exámenes, en los que participaron alrededor de 20,000 aspirantes en toda España para optar a tan solo 1,091 plazas, se vieron empañados por la falta de control y la aparente falta de rigurosidad en su realización.
Una de las denuncias más destacadas es el desprecintado de los exámenes, donde se alega que en algunas sedes, como en Palma de Mallorca, no se permitió a los representantes de los examinados presenciar la apertura de las cajas que contenían las pruebas. Esta falta de transparencia genera sospechas sobre posibles manipulaciones o irregularidades en la distribución de los exámenes.
Además, varios exámenes llegaron sin el correspondiente sello de seguridad, lo que permitió a los opositores acceder a las preguntas con hasta 30 minutos de antelación. Esta situación dio lugar a una gran preocupación, ya que ese tiempo adicional podría haber sido aprovechado por algunos para buscar respuestas en dispositivos móviles o realizar trampas antes de que comenzara oficialmente el examen. El retraso de 45 minutos en el inicio de la prueba solo agravó la situación, ampliando el margen de tiempo en el que los candidatos podían tener acceso anticipado a las preguntas.
Otra irregularidad denunciada es la disparidad en la aplicación de las normas entre diferentes sedes. Por ejemplo, mientras en Palma de Mallorca se prohibió el acceso al baño desde el momento del llamamiento hasta 10 minutos después del inicio del examen, en Valencia se permitió hacerlo en ese período. Esta falta de uniformidad en las medidas de control generó confusión y resentimiento entre los participantes.
Por si fuera poco, los opositores también informaron que se les permitió ir al baño durante el examen sin estar acompañados por los vigilantes, una situación considerada «inaudita» y que ha sido objeto de fuertes críticas.
Los afectados, algunos de los cuales pertenecen al sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), solicitan que se repita la prueba bajo condiciones de igualdad para todos los participantes. Esta petición surge en un momento en que los Gestores Procesales están iniciando una huelga total e indefinida debido a la falta de acciones por parte del Ministerio dirigido por Pilar Llop.
Ante estas denuncias y la gravedad de las irregularidades, se espera que el Ministerio de Justicia tome medidas contundentes y transparentes para esclarecer lo sucedido y garantizar la equidad en el proceso de selección de los futuros gestores procesales y administrativos de la Administración de Justicia.
