El PSOE y ERC han alcanzado este lunes un acuerdo en la Comisión de Justicia del Congreso para la reforma del delito de malversación. En la enmienda se proponen tres tipos delictivos en la administración ilícita de dinero público y en los que diferencian entre los casos en los que haya ánimo de lucro personal y los que no.
De acuerdo con este orden, el primer tipo sobre la apropiación ilícita de dinero público, establece penas de prisión de entre dos y seis años e inhabilitación para el ejercicio de cargo público y de sufragio pasivo de entre seis y diez años. Contiene, además, varios agravantes en función del dinero público malversado.
El segundo tipo se refiere al uso temporal de patrimonio público, «sin ánimo de apropiárselo, para uso privado» y las penas de cárcel van de seis meses a tres años; mientras que el tercer tipo atiende al funcionario o cargo público que dé al patrimonio público una «aplicación distinta a aquella a la que estaba destinado». Para este caso, se establecen penas de entre uno y cuatro años de prisión.
