Decía el Mariscal Bismark que los españoles somos el pueblo más poderoso del mundo: que llevamos cinco siglos intentando autodestruirnos y que no lo hemos conseguido. Puede que tuviera razón.
España es el único país del mundo en el que sus propios ciudadanos pitan al Himno Nacional y queman su propia bandera o la foto de su Jefe de Estado. Y el gobierno lo permite, despenalizando las ofensas a la Corona y los ultrajes a los símbolos que nos representan a todos.
Ya en el siglo 19, el filósofo catalán José María Bartrina escribió: “Oyendo hablar a un hombre, fácil es acertar dónde vio la luz del sol: si os alaba Inglaterra, será inglés; si os habla mal de Prusia, es un francés, y si habla mal de España, es español”.
Parece mentira, pero así es. Pero, lo realmente incomprensible es que la nuestra, es la única nación del planeta en la que el uso del idioma común que todos compartimos, está perseguido y discriminado en algunos de nuestros territorios.
Lo preocupante es que el gobierno, no solo lo permite, sino que, en ocasiones, parece que hasta lo fomenta. Es lo que está ocurriendo en Cataluña. El gobierno separatista de la Generalitat está tratando de erradicar la lengua española. Persigue y multa a los comercios que no rotulan en catalán. Otorga la plaza de funcionario en la administración, solo a aquellos que sean capaces de manejarse en ese idioma, aunque sea para ejercer como médico, primando sus conocimientos lingüísticos a los sanitarios. E impone en las escuelas el uso del catalán para todas las actividades, sean lectivas o extraescolares, dificultando sobremanera la integración de aquellos niños que, siendo de familias españolas que se han visto obligadas a desplazarse a esa región por cuestiones profesionales, han sido escolarizados, en su propio país, en una lengua que desconocen.
Los tribunales, conscientes de tal discriminación, han sentenciado que, por lo menos, un 25 % de las clases, sean impartidas en español. ¡Qué menos! Teniendo derecho constitucional a que sea la totalidad de la materia lectiva la que sea impartida en nuestro idioma común, sólo exigen que sea una cuarta parte. Y, ni siquiera eso están dispuestos a aceptar los supremacistas que gobiernan Cataluña. Hasta el punto que, en el Parlamento regional, han aprobado leyes que, menospreciando nuestra Carta Magna, que consagra que el idioma español es nuestra lengua común, que todos tienen la obligación de conocer y el derecho de utilizar, han legislado para incumplir esas sentencias.
Parecería lógico que el gobierno de la Nación interviniese de manera contundente para garantizar los derechos de los ciudadanos en Cataluña. Pero no lo hace.
Pedro Sánchez no asume su obligación de exigir el cumplimento de la Ley en esa Comunidad porque, para mantenerse en el poder, necesita los votos de los separatistas que gobiernan Cataluña.
Ahora, requiere más que nunca el apoyo de Esquerra Republicana para que vote a favor de las Cuentas Públicas. Y, para conseguirlo, está dispuesto a hacer más concesiones, aunque eso debilite nuestra Nación y el Estado de Derecho.
Ya indultó a los sediciosos que fueron condenados por dar un golpe de Estado. Y ahora, está dispuesto a reformar el delito de Sedición, modificando el Código Penal, para que los fugados que escaparon del país para eludir la acción de la justicia, como el huido Carles Puigdemont, puedan volver garantizando la impunidad de sus delitos.
Ayer, la ministra de Justicia, Pilar Llop, negó que el Ejecutivo esté preparando una propuesta para “reducir a la mitad” las penas por Sedición. Pero ya sabemos qué credibilidad puede tener una ministra que asegura que viaja en metro y en autobús y que, por tanto, es consciente de que, lo que más preocupa a los ciudadanos, es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es significativo que el órgano oficial de propaganda del PSOE, el diario El País, ha iniciado ya una campaña para asegurar que el delito de Sedición, en el resto de Europa, contempla penas más bajas que en España. Puede que sea cierto. Pero, lo que no dice es que el delito que cometieron los golpistas de Cataluña no fue juzgado como Rebelión, en vez de Sedición, por una voluntad política y no judicial.
Sabemos sobradamente, tal como recordó ayer la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que Sánchez no tiene líneas rojas, y que está dispuesto a entregar cualquier cosa a los separatistas a cambio de seguir en el poder. Así que damos por hecho que reformará el Código Penal para adaptarlo a las exigencias de sus socios.
Pero, lo que está ocurriendo en España, ha conseguido llamar la atención del Parlamento Europeo, que ya ha aprobado una comisión para analizar la situación de la lengua castellana en la escuela catalana. La Eurocámara evaluará, a petición de Ciudadanos, si se está cumpliendo la legislación y las sentencias sobre el 25 % de las clases en español. Una misión de Bruselas visitará Cataluña en el segundo semestre del presente curso escolar para averiguar si se están vulnerando los derechos de las familias y los estudiantes escolarizados en los colegios de esa región.
Parece mentira que tenga que ser la Unión Europea la que venga a España para garantizar lo que debería salvaguardar nuestro gobierno nacional. Prescindiendo de cuál sea el partido que gobierne, de cuál sea su ideología, hay líneas rojas que jamás deberían traspasarse. La defensa de la soberanía, de la unidad nacional, y de la lengua común, que compartimos con más de 500 millones de personas en todo el planeta, deberían estar por encima de cualquier interés particular o partidista. Pero, lamentablemente, en esta España nuestra, no lo están.
