La corrección política no tiene límites. Ni siquiera el que impone la verdad. Si la policía detiene a un delincuente, y éste es marroquí, no podemos decirlo porque eso supondría criminalizar a todos los nacionales del país vecino. Si una violación en manada es perpetrada por un grupo de magrebíes, más vale que nos lo callemos por no ofender a todo el colectivo de bereberes del Norte de África. Y pretender determinar cuántos delitos en España son cometidos por nacionales o extranjeros, nos convierte en peligrosos xenófobos y nos desautoriza para opinar.
Pero, ¿cuál es la verdad? Desde el año 2000 hasta el 2010, la población reclusa en España se disparó un 70 %. En esos diez años, el número de presos de nacionalidad española solo incrementó en un 29 %, mientras que el de extranjeros lo hizo en un 228 %. Eso supone que, en ese tiempo, de cada diez personas que ingresaban en prisión, seis eran inmigrantes.
En la segunda década de este siglo, las cifras se han moderado, y el porcentaje de extranjeros en cárceles españolas es del 28,8 %. Pero no hemos de quedarnos solo con ese dato, sino que debemos compararlo con el número de inmigrantes que hay en nuestro país. En España, según el censo de 2020, hay 42 millones de españoles y 5 millones y medio de extranjeros. Los foráneos son, por tanto, el 11,45 % del total de la población. Si en las cárceles llegan al 28,8 %, eso quiere decir que el porcentaje de reclusos extranjeros es 2,51 veces mayor que el de población extranjera.
Los penados son de diversas nacionalidades, aunque la mayoritaria es la marroquí, con el 26,1 % del total. Respecto a los argelinos, multiplican por 8,42 el porcentaje de población de ese país en España. Hay rumanos, colombianos, ecuatorianos y nigerianos, entre otros.
Pero eso, no quiere decir que todos los inmigrantes sean delincuentes. Ni mucho menos. En España tenemos multitud de personas procedentes de otros países que trabajan honradamente aquí, que generan riqueza, que ofrecen servicios, que se integran en nuestra sociedad, y que son nuestros vecinos, a los que damos la bienvenida.
Pero, esa realidad no puede ocultar otra. La inmigración ilegal, la inmigración desordenada, la inmigración no controlada, es un problema. Y en España se cometen delitos, cuya autoría recae, en muchas ocasiones, en personas que proceden de otros países. Y decirlo, no nos convierte en xenófobos.
Entonces, ¿por qué el Ministerio del Interior ha destituido de manera fulminante al jefe de la Comisaria Centro de Valencia? Ricardo Ferris participó hace unos días en un acto, en el que aseguró que la práctica totalidad de los detenidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil son extranjeros. El comisario habló acerca de la relación entre la delincuencia y la inmigración ilegal, y eso le ha supuesto el cese fulminante.
Ya va siendo hora de que nos dejemos de eufemismos y de requiebros del lenguaje y que llamemos a las cosas por su nombre.
Ya basta de señalar a un delincuente solo si es español, si es blanco, si es varón, si es cristiano…. Y de mirar hacia otro lado si es magrebí, si es musulmán, si es negro, si es mujer …. Un delincuente es un delincuente. Y reconocerlo sirve para combatir el delito y para exonerar de sospecha a esos inmigrantes legales y trabajadores que conviven con nosotros de forma modélica.
No hay que impedir la inmigración. La que hay que evitar es la inmigración ilegal. No hay que criminalizar al extranjero. Al que hay que encarcelar es al que delinque, sea de aquí o de fuera.
La destitución del comisario Ferris en Valencia es algo de lo que deberá dar explicaciones Fernando Grande Marlaska. Ese ministro del Interior que hizo campaña pública de una acusación falsa, utilizando políticamente el caso de ese chaval que aseguró haber sido atacado por unos homófobos que le grabaron la palabra maricón en las nalgas. Resultó ser mentira. Se lo había grabado su amante, y se inventó lo de la agresión para no reconocer su infidelidad a su pareja. La Policía advirtió a Marlaska de las dudas que planteaba el caso y le recomendó prudencia. Pero el ministro no permitió que la verdad le arruinase un buen argumento demagógico. Ahora, cuando un profesional de la Policía trata de utilizar datos reales, le destituye. Es una vergüenza. En España nos merecemos un gobierno que no nos mienta.
