El Ayuntamiento de Premiá de Dalt, población de unos diez mil habitantes cercana a Barcelona, ha contratado los servicios de la empresa Desokupa. Se trata de una compañía que se encarga de combatir el fenómeno de la okupación ilegal de viviendas, consiguiendo que los usurpadores abandonen el inmueble mediante el “diálogo”, sin necesidad de recurrir a los tribunales.
Se da la circunstancia de que el municipio está gobernado por Junts per Catalunya, con el apoyo de los socialistas del PSC. Y es justamente el Partido Socialista, y sus socios de Podemos, los que siempre atribuyen las ocupaciones ilegales de inmuebles a factores sociales, negándose a legislar en favor de los propietarios que ven usurpadas sus viviendas.l
El caso de Premiá ha trascendido el ámbito local y ha provocado la reacción del mismísimo Pablo Iglesias, quien ha asegurado en Twitter lo siguiente: “Que el Ayuntamiento de Premiá de Dalt contrate a los nazis de Desokupa para hacer lo que la Policía Local y Los Mossos no están dispuestos a hacer, no es ya normalizar el fascismo, sino apoyarse en él. Un cásico de las derechas – dice — y añade: Puigdemont, Borrás e Illa, deben desautorizarlo ya”.
Como ven, el ex vicepresidente del gobierno apela a un fugado de la Justicia, Carles Puigdemont; a una imputada por corrupción, Laura Borras, y a un ex ministro socialista, Salvador Illa, como las personas autorizadas para censurar este asunto. Pero no dice nada del doble rasero que supone el hecho de que sean justamente los socialistas quienes, estando en el poder, imponen esta legislación que favorece a los okupas y que perjudica a los propietarios, pero que, cuando son ellos a los afectados, recurren a otros métodos más expeditivos para desalojar a los usurpadores.
El alcalde de Premiá de Dalt, el nacionalista Josep Triadó, y su concejal de Seguridad, el socialista Ginés Marín, son conscientes de que los vecinos de su municipio, que tienen una renta per cápita superior a los 40.000 euros, están hartos de las okupaciones ilegales de viviendas, de las mafias que mercadean con los inmuebles y de las plantaciones de marihuana que suelen generar. Temen que su inacción ante el fenómeno pueda pasarles factura en las próximas elecciones municipales. Por eso, han recurrido a Desokupa, una empresa que aplica métodos, quizá menos ortodoxos, aunque eso sí, más expeditivos, para devolver esas propiedades a manos de sus legítimos propietarios. Y poco les importa a socialistas y nacionalistas las acusaciones de ultraderechista que algunos lanzan contra el empresario que dirige esa compañía. El doble rasero de la izquierda, como ven, está a la orden del día.
Porque, ayer mismo, en el pleno municipal del Distrito Centro de la capital, el grupo Más Madrid, que es el partido de Iñigo Errejón y Rita Maestre, exigía, al más puro estilo chavista, la expropiación de un edificio. El inmueble es conocido como La Quimera, está en la calle Amparo, junto a la plaza Nelson Mandela. El pasado mes de septiembre fue desalojado por la Policía Nacional, ya que unos 70 okupas lo habían colonizado de manera ilegal. Es propiedad privada de un octogenario que no tiene intención de venderlo. Pero ayer, los comunistas de Más Madrid llevaron al pleno municipal una propuesta para exigir al propietario que lo ceda para viviendas sociales, y, en caso de negarse, expropiárselo por la fuerza. Afortunadamente, los votos de la sensatez emitidos por el PP, Vox y Ciudadanos impidieron que la moción pudiera salir adelante. Pero, ¿qué hicieron los socialistas? Pues, abstenerse. Como ven, una escandalosa tibieza a la hora de defender la propiedad privada de los ciudadanos. Una pasividad pasmosa ante las exigencias de expropiación al más puro estilo chavista, mientras que, en Premiá de Dalt, contratan a una empresa, a la que la propia izquierda acusa de ultraderechista, para que expulse a los okupas antes de que lleguen las elecciones.
