Pasado mañana, jueves, el gobierno podría aprobar el real decreto ley de reforma de las pensiones. Ni la oposición ni la patronal ven con buenos ojos la iniciativa del ministro Escrivá, pero el Ejecutivo tiene intención de sacarlo adelante, únicamente con el apoyo de los sindicatos y las formaciones de izquierdas.
Se trata de una medida que deja todo el peso en los ingresos sin tener en cuenta los gastos. Se aumentan las cotizaciones sociales, para aumentar la recaudación, pero serán apenas 8.000 millones de euros, y no los 15.000 que estaban previstos. Además, eso supondrá un repunte del déficit público, que alcanzará el 4,4 % del PIB, unos 55.000 millones de euros.
El incremento de las cotizaciones será un nuevo obstáculo para la creación de empleo, ya que frenará la contratación. Y eso provocará un círculo vicioso. Al haber menos contratos, se reducirá la recaudación. Es decir, las empresas acabarán pagando más, pero el estado ingresará menos.
Subir las pensiones es una necesidad, sin duda, ya que se trata de dignificar los ingresos de los jubilados y corresponderles en función de todo lo que han cotizado a lo largo de su vida laboral. Pero el sistema solo puede ser sostenible si se basa en la creación de empleo y el incremento de contribuyentes. Basar los ingresos, simplemente en subidas de impuestos, es decir, en el encarecimiento de las cotizaciones, lo único que consigue es ralentizar el marcado laboral y fomentar la economía sumergida.
Además, el gobierno no ha conseguido frenar la inflación. Eso supone que, debido al crecimiento del IPC, los salarios son cada vez menores, la pensión cada vez más exigua, y el poder adquisitivo, tanto de los empleados, como de los jubilados, más escaso.
Entre 2019 y 2022, los asalariados han perdido 4,2 puntos de poder adquisitivo, los empleados públicos 2,5 y los pensionistas 6,5 puntos porcentuales. Que los sueldos y las pensiones suban menos que los precios provoca empobrecimiento, merma la capacidad de ahorro y acentúa el riesgo de un menor crecimiento.
Este oscuro panorama debería llevar al gobierno a reconocer que sería necesario un diferente enfoque con respecto a la Contrarreforma Laboral y a su modelo del sistema de pensiones.
Pero Sánchez no parece interesado en encontrar soluciones estructurales, y lo basa todo en promesas electorales, que puedan contentar momentáneamente a determinados colectivos., únicamente en un afán de recaudar votos en año electoral. Promete la subida de las pensiones, pero las financia subiendo los impuestos al trabajo. Y eso genera un efecto perverso que acaba perjudicando a todo el sistema.
La única manera de mejorar las cosas sería fomentar la contratación. Pero eso no se consigue subiendo el Salario Mínimo Interprofesional, ni obligando a los empresarios a hacer contratos indefinidos, y mucho menos, aumentado las cargas sociales. La solución sería hacer lo contrario: bajar las cotizaciones, otorgar beneficios fiscales a la contratación y flexibilizar el mercado laboral, permitiendo a las empresas utilizar fórmulas de contratación variables en función de sus necesidades.
Sólo combatiendo el paro y creando puestos de trabajo se alimenta el sistema productivo, se genera riqueza, y se permite a los ciudadanos contar con liquidez para consumir. Pero este gobierno camina en la dirección opuesta y, para colmo, genera inseguridad jurídica con sus decisiones, lo que provoca la marcha de empresas, como Ferrovial, que buscan mejores escenarios en los que desarrollar su actividad. Pero Pedro Sánchez y sus ministros, en vez de rectificar su actitud, empeoran las cosas insultando a los empresarios, a los que llama piratas y usureros.
Eso es tirar piedras sobre nuestro propio tejado.
