Ya hay acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana respecto a la modificación del delito de malversación, para garantizar que los golpistas indultados puedan quedar impunes también de este otro cargo que les sigue suponiendo inhabilitación para puestos públicos.
El Código Penal recogerá tres tipos de malversación: la primera vinculada al lucro personal con penas de hasta 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación, en función de la gravedad de los hechos; la segunda, vinculada a un uso temporal de patrimonio público para fines privados, con penas de hasta 3 años de cárcel y 4 de inhabilitación; y la tercera, vinculada a dar a los recursos públicos una aplicación diferente a la que tuvieran estipulada, es decir, algo así como administración desleal, con penas de entre 1 y 4 años de prisión e inhabilitación de 2 a 6 años, si resultare daño o entorpecimiento grave del servicio al que estuviese consignado.
Si no hay daño ni entorpecimiento grave del servicio público, las penas se limitarían a una inhabilitación de 1 a 3 años y multas de 3 a 12 meses. Y este sería el supuesto al que se acogerían los golpistas de Cataluña. Es decir, ya habrían superado el tiempo de inhabilitación, por lo que podrían presentarse a las próximas elecciones autonómicas catalanas, previstas para 2025.
Estos nuevos supuestos garantizan la impunidad de los golpistas de Cataluña, que malversaron dinero público, no para metérselo en el bolsillo, sino para organizar un referéndum ilegal. O la impunidad de quienes expoliaron las arcas de la Junta de Andalucía, como José Antonio Griñán, que no se quedó el dinero robado a los parados, sino que lo repartió entre otros, que lo gastaron en burdeles y cocaína.
Se trata de una golfada en toda regla, encaminada a dejar impunes los delitos de aquellas personas que convienen al gobierno. Es decir, una ley hecha a medida para beneficiar a personas concretas.
Esta reforma del delito de malversación no parece que le vaya a salir gratis al gobierno de Pedro Sánchez, cada vez más deteriorado por retorcer el Código Penal para garantizar la impunidad de los delincuentes que les resultan afines.
Ya se han escuchado las críticas de barones como Emiliano García Page y Javier Lambán, pero también ha provocado diferencias con sus socios de Podemos, aunque, en este caso, por el temor de que la nueva norma pueda beneficiar a casos de corrupción, no de sus amigos, los golpistas de Cataluña o los socialistas de Andalucía, sino del Partido Popular, y eso no lo quieren tolerar.
Pedro Sánchez ha rebasado ya todas las líneas rojas. Él decide quien debe ir a la cárcel y quien no. Él cambia las leyes para beneficiar a sus socios. Él decide que robar no es delito si, quien lo hace, es amigo suyo. Y, lo malo, es que aún no ha terminado de despedazar el estado de Derecho.
Los separatistas de Cataluña ya presumen de que le tienen agarrado por donde más duele, y que no piensan aflojar hasta que convoque un referéndum de autodeterminación. Y para asegurarse el resultado, ya están diciendo que, si vota un 50 % de la población, y el voto favorable es de un 55 %, la independencia de Cataluña será inevitable.
Creíamos que lo habíamos visto todo. Qué Sánchez ya había cometido todas las tropelías posibles. Pero como ven, esto todavía no ha terminado.
